Historia General del Pueblo Dominicano Tomo VI
312 El desarrollo económico interno en la época post-Trujillo Un Estado débil se caracteriza por su incapacidad para imponer su poder de imperio. Una sociedad en la que el Estado no es capaz de cumplir adecua- damente su rol es una sociedad condenada al atraso: las leyes no se cumplen o lo hacen precariamente; el propio Estado se ve incapacitado para garantizar u organizar la provisión de servicios públicos; se potencian los desequilibrios sociales, se aleja la inversión productiva y se dificulta la productividad, por la indisciplina colectiva, el bajo nivel educativo, el caos, la insalubridad, etc. Por otro lado, la capacidad de proveer servicios públicos a la ciudadanía anteriormente se caracterizaba por una aceptable calidad, aunque con escasa cobertura. El desarrollo demandaba su universalización, es decir, que los ser- vicios llegaran a todos los estratos, lo que exigía mayores esfuerzos fiscales. En vez de ello, los gastos en servicios públicos se redujeron para posibilitar un gran esfuerzo de inversión pública, y en materia de servicios sociales el país renunció a la calidad por cantidad, tendencia que con el tiempo se convertiría en el mayor obstáculo al desarrollo de una economía y una sociedad modernas. Eso ocurrió con la educación (primaria, media y superior), la salud, la justicia, la Policía, y prácticamente con cualquier función pública. El sueldo de los maestros, los médicos, los policías, etc. experimentó un deterioro dramático de 1966 en adelante. El caso que siempre llamó más la atención fue la educación. En 1962, el país destinaba alrededor del 3 % de su producto interno bruto (PIB) a la educación, y con ello cubría a no más de la mitad de los niños en edad de asistir a la escuela primaria, menos del 10 % de los de secundaria y apenas el 1 % de la población en edad universitaria. Una proporción cercana al 50 % de la población adulta era analfabeta, y solo el 17 % superaba el cuarto curso de primaria, por lo que era una porción reducida, ge- neralmente urbana, la que escapaba de la condición de analfabeto funcional. Se entendía que si el país quería ampliar la cobertura y, además, mejorar la calidad del proceso educativo, tendría que dedicar a la educación una por- ción muy superior a ese 3 %. Pero lo que ocurrió fue que el gasto educativo sufrió un gradual y persistente retroceso. Aun así, en los dos decenios si- guientes se logró ampliar drásticamente la cobertura, casi duplicándola para el nivel primario, más que triplicándola para el secundario y multiplicándola en el universitario. Eso indica que tuvo lugar una marcada reducción del gas- to promedio por alumno, lo que pone en evidencia que el Gobierno decidió sacrificar calidad por cantidad. Además, también tuvo lugar un gradual pro- ceso de privatización de la enseñanza, dado que el Estado dejó de cumplir su misión en el área. Procesos similares se presentaron con los servicios públicos de salud, agua potable, recolección de desechos sólidos, electricidad, transporte, policía
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