Historia General del Pueblo Dominicano Tomo VI

244 El Gobierno de los Doce Años: 1966-1978. Entre el autoritarismo y la reforma conservadora y el impacto negativo de la misma en términos de creación de empleos. La argumentación de este organismo internacional fue tan contundente que de hecho la misma fue dada de lado discretamente no solo por el Estado sino también por el propio empresariado. De hecho, Balaguer se mantuvo cerrado en su defensa de la Ley 299. Su gobernador del Banco Central, Diógenes Fernández, lo había dicho claramen- te unos años antes. Lo importante, como indica el propio Moya Pons, es que la Ley 299 no solo implicaba un modelo de política económica, sino también un esquema político de fortalecimiento de un sector empresarial aliado, concen- trado en Santo Domingo. Desde ese último punto de vista la defensa guber- namental de la Ley 299 encajaba perfectamente en el modelo de dominación que Balaguer trataba de fortalecer, el cual no solo se caracterizaba por el cen- tralismo y el poder presidencial sobre el conjunto de los aparatos de Estado, sino en una lógica de fortalecimiento de un sector empresarial privado, la modernización parcial de los grupos económicos tradicionales ligados a la tierra, y en una lógica de equilibrios y compromisos precarios en permanente cambio. Por eso, el verdadero problema de la ley para Balaguer no fue nunca el de los costos fiscales de la misma, ni tampoco el de los amplios subsidios consecuentes y el monopolio a que conducía de parte de la oligarquía indus- trial. El verdadero problema para Balaguer no surgió tampoco en el plano de las políticas sociales que se dejaban de realizar como consecuencia de este compromiso proteccionista por parte del Estado. El problema a la larga surgió de manera indirecta y se reflejó en el intento fracasado de la reforma agraria, visto como mecanismo complementario de un esquema restringido de expan- sión de los márgenes de mercado interno al que tenían acceso los industriales, pero también visto como una apuesta a fin de enfrentar un campo derivado que resultaba de la aplicación de la estrategia de desarrollo industrial: el cam- po minado de una clase trabajadora emergente a la que el régimen no podía conquistar y una política de salarios congelados que debilitaba a dicha clase, empobrecía su nivel de vida y preparaba el terreno para el fortalecimiento político de los adversarios del régimen. Esto se hizo evidente, sin embargo, más tarde, cuando el régimen enfrentó, paradójicamente, la disidencia em- presarial al final, no por el proteccionismo, sino a consecuencia del choque empresarial con el estamento militar. La crisis agraria y la industrialización Es una premisa aceptada que la industrialización exige como su comple- mento necesario estructuras agrarias modernas, cuya productividad no solo