Historia General del Pueblo Dominicano Tomo VI

243 Historia general del pueblo dominicano para revisar la ley nunca cumplió su misión. Se nombró así otra comisión, cuyas recomendaciones se presentaron al Directorio y a su vez a Balaguer. Los industriales plantearon por esta vía que si era necesario modificar la ley ellos debían ser consultados y en el resultado final estar de acuerdo. Situados en este punto la discusión en torno a la industrialización tomó otro giro. Messina, un abogado y economista muy influyente en los círculos empresariales, sostuvo que las exoneraciones a las firmas extranjeras que se radicaran en zonas francas se les otorgaran a sus subsidiarias en el país. Igualmente señaló que la ley debía otorgar iguales privilegios a todas las em- presas de zonas francas. Con estas propuestas entraba a la mesa de debate el tema del rol de las zonas francas industriales. La verdad era que hasta ese momento Balaguer nunca mostró intención genuina para modificar la Ley 299. Y en lo sucesivo eso nunca ocurrió en su gobierno. Si uno ve las cosas de esa manera, el famoso artículo de José Ramón Hernández «En defensa de una ley» de 1974, 73 si bien se constituyó en un estandarte de los defensores del desarrollo industrial sustitutivo de importaciones bajo la protección del Estado, no iba dirigido tanto al gobierno de Balaguer, como usualmente se ha pensado, sino más bien a sectores em- presariales específicos que se oponían a la ley y que también tenían poder e influencia en el Gobierno. Desde ese punto de vista, el artículo de Hernández constituyó en realidad un capítulo de una lucha inter-empresarial en torno a la industrialización, el apoyo del Estado y las consecuencias de la Ley 299 sobre el conjunto de la economía y de hecho sobre la clase empresarial en su conjunto. Las discusiones en torno a la Ley 299 fueron en realidad frecuentes has- ta el final del gobierno de los Doce Años, continuándose con el gobierno de Antonio Guzmán que le sucedió. En realidad entre 1974 y 1978 la discusión que siguió se concentró en tres asuntos básicos: el de extender la política de exenciones al sector agroindustrial con una ley de incentivo específica. Este debate en la práctica extendía la argumentación de los empresarios de Santiago sobre el poco impacto de la Ley 299 en el desarrollo nacional y de ello se hizo eco posterior Antonio Guzmán en su gobierno. El segundo punto fue el debate sobre el impacto político de la ley al sostener algunos, como el economista Manuel Gómez Pieters, que el principal impacto fue haber crea- do un clima de confianza favorable a la inversión y con ello la defensa de la misma pasaba a concentrarse en la idea del nacimiento y fortalecimiento de un sector empresarial ligado a la industria que de esta forma se estaba produ- ciendo. Y finalmente surgió la crítica del BID sobre el impacto de la Ley 299 en materia de beneficios y concentración de subsidios, en beneficios privados