Historia General del Pueblo Dominicano Tomo VI

242 El Gobierno de los Doce Años: 1966-1978. Entre el autoritarismo y la reforma conservadora sectores productivos nacionales. Los defensores de la industrialización sobre las premisas proteccionistas tenían otro enfoque. Por ejemplo, Frank Marino Hernández, como reseña Moya Pons, 72 sostenía que, debido a que el país tenía precisamente un bajo nivel de desarrollo, era difícil evadir la importación de materia prima extranjera, vale decir, era precisamente la poca integración del aparato productivo nacional la que obligaba a la importación. A diferencia de los conflictos interempresariales en los años sesenta bajo la llamada Ley No. 4 que en 1963 se propuso también estimular el de- sarrollo industrial, en esta ocasión los conflictos interempresariales fueron fuertes. Pero a diferencia de los sesenta los industriales de Santo Domingo tenían poder corporativo y eran fuertemente apoyados por el Estado. A esto debe añadirse que ese poder se traducía en la capacidad de presión de la élite industrial en el cuerpo colegiado que debía guiar la política industrial: el Directorio de Desarrollo Industrial, que controlaba de hecho la de asignación de recursos para la inversión en el sector, a través de FIDE, y tenía influen- cia determinante en la propia Junta Monetaria del Banco Central. El límite de ese poder estaba en el presidente Balaguer, quien tenía en esta materia la última palabra. Es cierto que casi nunca Balaguer se opuso a las decisio- nes del Directorio, pero su poder siempre estuvo presente en la orientación de las decisiones del mismo. Solo en 1972 Balaguer objetó una decisión del Directorio, como señala Moya Pons, abriéndose una crisis. Carlos Séliman, director general de Aduanas en ese momento, trató de impedir la aplicación de un conjunto de resoluciones del Directorio. Ante las maniobras del funcio- nario la mayoría de sus miembros amenazaron con renunciar. El secretario de Industria y Comercio, que era el presidente del Directorio, reconoció el impasse, pero negó la amenaza de renuncia de sus miembros. Lo ocurrido fue que el presidente Balaguer nombró una comisión para que estudiara la objeción de Aduanas a las decisiones del Directorio, la que recomendó que la proporción de exoneraciones a las industrias beneficiarias de las resoluciones fuera de un 10 %. Balaguer acogió esta propuesta, devolviendo, en el marco de sus atribuciones, el paquete de resoluciones al Directorio. Los miembros del Directorio se reunieron con el presidente y de allí surgió una comisión técnica que pasaría a estudiar una nueva ley. Esta comisión propuso que el criterio de evaluación de las solicitudes de exoneración fuera lo que deno- minó «el sacrificio fiscal neto» sobre beneficios sociales y económicos de las inversiones industriales favorecidas. De hecho esta tesis coincidía con las tesis de los economistas críticos de la ley que laboraban en Onaplan. Como afirma Moya Pons, todo indica que Balaguer estuvo detrás de las objeciones del director de Aduanas, aunque la comisión técnica nombrada