Historia General del Pueblo Dominicano Tomo VI

240 El Gobierno de los Doce Años: 1966-1978. Entre el autoritarismo y la reforma conservadora Moya Pons. Surgieron muchas voces críticas, pero Balaguer rechazó la idea de que el instrumento de ley recientemente promulgado fuese discriminatorio o que afectara al capital local. Del lado del sector industrial, la crítica iba dirigi- da contra el «peligro» que podían representar las nuevas empresas extranjeras que se instalaran al amparo de la ley. Por ello los industriales estaban opues- tos a que a los recursos de FIDE tuviera acceso el capital extranjero. Incluso en el seno del Gobierno había divisiones, pues, por ejemplo, los técnicos como Estrella concentrados en Onaplan estaban también en contra del subsidio al capital extranjero. Pero lo que interesaba en el fondo a los industriales era asegurar la protección del Estado. En esto los empresarios de Herrera fue- ron la vanguardia. Sus empresas dependían mucho de la protección estatal, pues sus escalas de producción eran bajas y por ello la competencia del sector importador se les hacía más fuerte. Estos industriales también le temían al ca- pital extranjero. Como dice Moya Pons, ambos temores no eran infundados, pues fiscalmente el Estado tenía una alta dependencia de las importaciones, que como hemos argumentado eran el sector hegemónico en términos del mercado. Los industriales de Herrera, si bien se beneficiaron de la protección estatal, mantuvieron seguro su espacio de mercado con serias limitaciones, pero nunca lograron vencer a sus competidores importadores, ni tampoco desplazar como grupo de presión el poder de la oligarquía industrial de Santo Domingo. En diciembre de 1970 el Gobierno aprobó una nueva ley que modificaba el esquema propuesto por la Ley 299, con relación al esquema de incentivos. La nueva ley estimulaba la reinversión de utilidades en un esquema de exen- ciones impositivas a las industrias de exportación. Este fue el primer paso para estimular la creación de lo que hoy se conoce como el régimen de zonas francas. La principal crítica a la idea de la capacidad instalada, como criterio or- denador de los incentivos, provino realmente de inversionistas locales que, siendo importadores de origen, estaban interesados en beneficiarse por los incentivos de la ley. Este fue el caso de la oligarquía industrial concentrada en Santo Domingo en torno a la Asociación de Industrias. Otra fue la crítica de los técnicos del Gobierno concentrados en Onaplan, los cuales plantearon que con la ley, bajo el propósito de estimular la inversión industrial y atraer inversiones extranjeras, el Estado hacía un sacrificio fiscal muy grande que afectaba el potencial de recursos públicos para el desarrollo. Balaguer estaba muy claro en su propósito y no cedió un ápice. En el fondo su idea no era únicamente la de atraer al capital extranjero, sino tam- bién —y quizás de manera principal— contribuir a crear un nuevo sujeto