Historia General del Pueblo Dominicano Tomo VI

239 Historia general del pueblo dominicano de crecimiento, las exportaciones, principalmente azucareras, entró en crisis, el experimento industrializador simplemente fracasó. La construcción de las élites empresariales: el caso de los industriales 70 Desde el principio de su gestión presidencial Balaguer mostró un claro interés por apoyar a los sectores industriales. La ley que dio coherencia a ese propósito fue la 299 de Incentivo y Protección Industrial, aprobada en 1968. En el debate del proyecto en torno a la propuesta de ley de hecho se enfrentaron dos corrientes, una abogaba por un esquema proteccionista que favoreciera a los industriales, mientras la otra asumía un modelo más abierto a la com- petencia exterior. El primer criterio fue apoyado abiertamente por los grupos industriales, sobre todo los concentrados en la ciudad de Santo Domingo; el segundo, además de recibir el apoyo de los comerciantes importadores, era convalidado por funcionarios importantes del Gobierno que veían en esta modalidad una vía para aumentar los recursos fiscales. El primer borrador del proyecto de ley, como demuestra Moya Pons, favorecía de manera abierta al capital extranjero, lo que hizo que los indus- triales se opusieran al mismo. Estos favorecían una ley proteccionista de las industrias existentes, manteniendo el sistema de exoneraciones en vigencia, protegiendo de la competencia a los viejos grupos industriales, sobre todo los radicados en Santo Domingo. En el punto de la inversión extranjera Balaguer era claro: estaba definitivamente a favor de su estímulo, pues la consideraba un factor imprescindible para el desarrollo ante la escasez de capital nacional. En este aspecto terminó imponiendo su idea al sector industrial local. La Asociación de Industrias, que agrupaba a la élite industrial de Santo Domingo, perseguía mantener el régimen de protección hacia las empresas ya instaladas y permitir a las nuevas obtener exoneraciones, sobre todo las exenciones impositivas a la renta, pero asegurando que las viejas instalacio- nes también se beneficiarían de esos privilegios y se protegerían de las nuevas empresas. En el fondo los industriales de Santo Domingo intentaban frenar la inversión extranjera. Moya Pons sostiene que fue con esta visión que los industriales crearon el argumento de la «capacidad instalada no utilizada» como criterio de deslinde para aprobar o rechazar los nuevos proyectos industriales. Como ya se indicó arriba, la Ley 299 finalmente se promulgó el 23 de abril de 1968. De inmediato surgió un fuerte debate en torno a los incentivos que este instrumento jurídico otorgaba y que ha sido analizado con agudeza por