Historia General del Pueblo Dominicano Tomo VI

112 Los rasgos del Estado de la posdictadura (1961-1966) El régimen de excepción del Consejo de Estado, a pesar de su carácter pasajero, reanudó una tendencia duradera al consentir una inserción del país extremadamente subordinada al sistema mundial, a una economía mo- noexportadora, como era todavía en ese entonces. Primero, la seguridad de la continuidad de concesiones mineras importantes (Alcoa y Falconbridge); segundo, un préstamo de emergencia de 25 millones de dólares que sentó una tendencia duradera hasta nuestros días consistente en el financiamiento exte- rior a mandatarios de Estados patrimoniales que, además, evidenció la desle- gitimación del Estado para generar recursos internos; tercero, la autorización a la incidencia directa norteamericana en los militares nacionales. Sobre todo los dos últimos puntos retrotrajeron al Estado dominicano a una situación de vulnerabilidad frente al poder supremo concentrado en los Estados Unidos, la cual apenas se había empezado a limitar en la dictadura por su colisión con el terreno del poder de Trujillo. En síntesis, en una sociedad como la dominicana con diferenciaciones tradicionales y marcadores de inferioridad para amplios grupos de personas, la lucha por los derechos civiles ameritaba un tiempo e intensidad para el cambio cultural y político, pero sobrevino la interrupción violenta del intento de democratización y de varios de los fundamentos del Estado como lo fue el gobierno de Juan Bosch. Tuvo de frente a unas élites económicas carentes de una visión estratégica para organizar la sociedad según el ordenamiento legal y además poco dispuestas a ceder una parte de sus privilegios. Por otro lado, el Estado no ofreció asidero expansivo a los derechos o la posibilidad de un inicio de institucionalización en el Estado debido, entre muchos fac- tores, al colapso de su cuerpo administrativo, a su debilitamiento y el asedio particularista. A tambor batiente se confiscaron los bienes y empresas del emporio tru- jillista y sus personeros, con lo cual doce grandes empresas rentables confor- maron la Corporación de Empresas Estatales (Corde). El Partido Dominicano, nutrido con fondos estatales y con la cuota forzada de los empleados públi- cos, pudo haber sido transferido como cualquier otro patrimonio a las arcas del Estado. De hecho, sus locales diseminados en todo el país pasaron a ser propiedad del Estado y todavía se utilizan como oficinas públicas. Al mismo tiempo que se difundían las ideas propias de la democracia a miles de personas y se combatía en la calle, un suceso aparentemente trivial, apenas reseñado en la prensa, pero con un gran significado y amplias reper- cusiones, avivó prácticas radicadas en los sujetos de necesidad, a quienes les importaban relativamente poco los fervores libertarios, el clamor de los dere- chos individuales o la vigencia de las leyes. Joaquín Balaguer, presidente a la