Historia General del Pueblo Dominicano Tomo VI

384 La economía dominicana en transición 1980-1996 alimentando un conjunto de demandas de origen doctrinario y de carácter reivindicativo, como eran una mejor redistribución del ingreso y un aumento del gasto social. Esta concepción, revestida de un discurso «socialdemócrata», adquirió más fuerza durante los doce años de oposición al gobierno del Dr. Balaguer, quien descuidó los servicios públicos. Las primeras acciones del Gobierno fueron dirigidas a restaurar los de- rechos políticos y a la despolitización de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no fue posible actuar sobre el castigo a la corrupción porque la justicia había quedado en manos del Partido Reformista de Balaguer, que retuvo el control del Senado como parte de las negociaciones para reconocer el triunfo del PRD, en lo que la historia recoge como el Fallo Histórico. En el plano económico, se aplicó una política de expansión del gasto y empleo público, cuya racionalidad se puede resumir en los siguientes tér- minos: 1 los altos niveles de inversión regisrados en los años previos habían adicionado capacidad de oferta, pero no agregaban demanda interna, debido a la reducción secular del salario y a que las materias primas y los bienes de capital eran importados. En consecuencia, era necesaria una expansión de la demanda agregada a través de la creación de empleos que estimularan el mercado interno. En adición, el impulso a la demanda estimularía al sector agrícola doblemente, ya que ofertaría materia prima a la industria y respon- dería al aumento de la demanda inducido por el salario, primero con precios y después con cantidades. Se entendía que el impacto en la balanza de pagos iba a ser reducido, porque se estimularía una tecnología intensiva en mano de obra y porque los aumentos en el ingreso serían dirigidos a los pobres. La propuesta inicial establecía aumentar la demanda agregada vía el incremento en el salario mínimo, tanto público como privado, a RD$ 125.00 como se hizo en 1979; 2 introducir una exención personal y por carga familiar en el impuesto sobre la renta; y mediante el uso de la capacidad de compra del Estado, dando preferencia «al producto nacional, aunque su costo sea, en igualdad de condiciones, un 30 % mayor que el importado exonerado». 3 La sostenibilidad fiscal de la estrategia exigía nuevos impuestos y se pro- puso introducir varios, tales como sobre vivienda suntuaria y solares baldíos, sobre el valor agregado, así como medidas administrativas para reducir la evasión fiscal. Para evitar los constreñimientos de balanza de pagos se incor- poraron gravámenes adicionales sobre la importación de artículos de lujo, así como la prohibición de la importación de carros cuyo valor excediera los 4,000 dólares FOB y otros bienes considerados suntuarios. Adicionalmente se promulgaron la Ley de Fomento de las Exportaciones en 1979 y la Ley de Fomento a la Agroindustria en 1982 y se introdujeron modificaciones en la legislación que regulaba las transferencias internacionales de fondos para que