Historia General del Pueblo Dominicano Tomo VI
Historia general del pueblo dominicano 69 llegaran a la transformación social y las desplazaran. No obstante, el proyecto político de Bosch no contemplaba una transformación radical. Su línea de ac- ción se inscribía en la reorganización institucional de la sociedad dominicana en el marco de la legalidad. L a C onstitución de 1963 La elaboración de la nueva Carta Magna fue posible por las readecuacio- nes jurídico-electorales introducidas de cara al establecimiento de un marco de legitimidad para el régimen. Por tanto, las modificaciones hechas por el Consejo de Estado a la Constitución dispusieron que los diputados electos en las elecciones del 20 de diciembre de 1962 formaran la asamblea responsable de redactar una nueva Constitución. La Constitución de 1963 representó una ruptura total con las Consti- tuciones trujillistas, las cuales eran estructuradas para legitimar la dictadura. Colocó la ley por encima de las personas. Pretendió organizar la sociedad alrededor de la ley. La Constitución representaba un contrato, que convocaba al Gobierno y al pueblo a limitar su actuación de forma obligatoria en función de la ley. 33 Implicaba un reconocimiento de derechos y deberes para la ciuda- danía y las autoridades, los cuales representan la esencia de esa ley de leyes. El ser humano aparece reposicionado en la médula de esta Constitución, en contraposición al trato vejatorio y degradante que recibían los seres humanos durante la dictadura. Los asambleístas reconocieron en el preámbulo de la Constitución el carácter humano, democrático y revolucionario de la misma. Se recuperó la libertad como agente inherente al ser humano, pero sus- tentada en la ley como factor que valida la libertad y la restringe simultá- neamente. Igualmente la actuación social de los ciudadanos no se valida en planos ilimitados; todo lo contrario, tiene legalidad en tanto no transgrede los límites propios de las leyes. Encaminaba la vida institucional desde el contex- to del disfrute y usufructo personalizado de los bienes públicos hacia el apego a las normas, independientemente de la persona. El principio de castigar el uso ilícito de los fondos públicos se asocia con la disposición constitucional de asumir el trabajo como fundamento de la na- ción dominicana y con carácter de obligatoriedad para todos los dominicanos en condiciones de ejercerlo. Todo dominicano debía realizar alguna actividad laboral y el Estado estaba en la obligación de crear las condiciones para tales
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