Historia General del Pueblo Dominicano Tomo VI

Historia general del pueblo dominicano 541 Ariza rechazó el pago por considerarlo irrisorio. Vicini Ariza apeló el caso y finalmente el Tribunal de Tierras emitió una sentencia el 30 de abril de 1956 fijando la cantidad en 50,000.00 pesos dominicanos. 84 Esta decisión tampoco fue aceptada por Vicini Ariza quien presentó un recurso de casación, 85 pero la Corte Suprema de Justicia rechazó dicho recurso en marzo de 1957 a favor del Estado, negando una mejor indemnización. En este mismo año el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 3210 mediante el cual expropió toda la finca de la familia para ampliar las construcciones del Plan Trujillo de Urbanización en la Zona Norte de la ciudad. En esta ocasión Vicini Ariza no interpuso ninguna queja judicial, lo que indica que probablemente hubo algún tipo de negociación entre las partes. 86 Sin embargo, seis años después de la muerte de Trujillo, en julio de 1967, Vicini Ariza elevó dos sentencias pidiendo solo el pago por la porción que se le había expropiado con el Decreto 1421, pero no decía nada sobre la totalidad de los terrenos que fueron expropiados por el Decreto 3210. Sorprendentemente, el juez apoderado del caso ignoró las sen- tencias anteriores y procedió a reconocer que el Estado no había pagado los 50,000.00 pesos dominicanos a Vicini Ariza y ordenó al registrador de títulos del Distrito Nacional que se abstuviera de efectuar transferencias a favor del Estado. El administrador de Bienes Nacionales, institución encargada de las propiedades el Estado dominicano, interpuso un recurso formal de apelación en 1968 y más tarde, en 1970, la Suprema Corte de Justicia resolvió mantener en vigor la resolución de 1956 dictada por el Tribunal de Tierras. 87 El resultado de la investigación realizada por Cedail y el grupo de histo- riadores de Copadeba fue entregado al presidente Guzmán en 1979, donde se le pedía que pusiera en práctica los aludidos decretos. El mandatario fue muy amable con la comisión que lo visitó, pero no hizo nada para que el pedido se llevara a cabo. Sin embargo, el uso más importante que se hizo de esta información fue el programa de educación de los pobladores que Copadeba inició. La gente conocía individualmente que tenía problemas con unos abo- gados que amenazaban con desalojarle de sus casas, pero no sabía que este asunto era una cuestión pública que iba más allá de su situación personal. En ese momento Copadeba entendió que era importantísimo educar a la po- blación sobre sus propios problemas y, por ello, inició la publicación de un boletín, Copadeba Informa , la organización de talleres de educación popular y charlas que tenían como meta explicar a los residentes de los barrios que los terrenos donde sus casas estaban ubicadas pertenecían al Estado y no a la familia Vicini, se les explicaba su propia historia, cómo los barrios habían sido el producto de desalojos anteriores y se les convocaba a reuniones públicas y marchas de protesta para dar a conocer su inconformidad a las autoridades, a