Historia General del Pueblo Dominicano Tomo VI

482 Los diez años de gobierno del Dr. Joaquín Balaguer, 1986-1996 de recursos a la autoridad electoral y se acordó que los jueces serían nombra- dos de pleno acuerdo entre los tres grandes partidos. Esto último parecía ser una medida prudente, pero se vio cuestionada cuando, al morir uno de los jueces recomendados por el PRSC, este recomendó como sustituto a Leonardo Matos Berrido, un reconocido líder de dicha organización. El PLD objetó di- cha selección, pero el nombramiento se llevó a cabo. Esto puso en duda, en lo adelante, la probidad de la Junta, no solo por la dilación considerable en el nombramiento de los jueces, sino porque la inclusión de Matos Berrido impuso el tema de las simpatías partidarias de los jueces de la JCE. 32 Por otro lado, cuando se elaboró el nuevo Registro Electoral con la ayuda de la Usaid y la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES), los expertos de la segunda institución señalaron evidencias de que la JCE adolecía de serias deficiencias técnicas para organizar las elecciones de 1994. 33 Ante la desconfianza creada entre los partidos, la Iglesia Católica, en la persona de monseñor Agripino Núñez Collado, rector de la Pucmm, ofreció su mediación para que los partidos se pusieran de acuerdo para garantizar la limpieza de las nuevas elecciones. Se acordó un «Documento de Consenso» cuyos puntos fundamentales giraban en torno a garantizar acceso a los parti- dos políticos tanto al nuevo Registro Electoral durante su proceso de elabora- ción, como a las oficialías de Registro Civil, para garantizar la expedición de actas de nacimiento y el acceso a las oficinas de cómputo de la JCE. Todos los partidos firmaron el acuerdo, pero Balaguer, usando la misma estrategia que utilizó en el caso del Diálogo Tripartito y los demás procesos de concertación, no aprobó el documento, aduciendo que la JCE no adolecía de problemas técnicos, sino más bien de problemas de índole política, debido al funciona- miento de los partidos políticos en torno a ella. Naturalmente, en tal ambiente de desconfianza, y como una evidencia más del abismo existente entre ley y prácticas institucionales circularon ru- mores y denuncias de que se iba a perpetrar un fraude en la Junta Central Electoral (JCE) mucho antes de las elecciones, que trascendieron a los medios de comunicación. Por supuesto, las denuncias se acentuaron después del día de las elecciones. Al parecer, el Dr. Peña Gómez pecó de un exceso de confianza en su victoria, por considerarla blindada contra toda manipulación, dada la ventaja que le daban las encuestas, alrededor de cinco a seis puntos por encima del inmediato contendor en la intención de voto. 34 En consecuencia no hizo caso de las frecuentes denuncias, a pesar de que algunos voceros de su partido las comentaban públicamente con frecuencia. Bien fuese porque esos mismos di- rigentes no atribuían tampoco mucho peso a las denuncias que comentaban,