Historia General del Pueblo Dominicano Tomo VI

468 Los diez años de gobierno del Dr. Joaquín Balaguer, 1986-1996 voluntad propia un 25 % el salario mínimo de los trabajadores, con tal de no aparecer obligados a aumentar por ley. Los agroempresarios, manifestando desde esa coyuntura un patrón que adoptarían sucesivamente en todos los episodios futuros de huelgas o paros, se opusieron absolutamente a aumentar el salario de los trabajadores agrícolas. Por su parte, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa (CNHE) se mostró favorable a la negociación salarial mediante el diálogo con los sectores laborales demandantes. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con Juan Bosch a la cabeza, por supuesto apoyó la huelga, así como la tendencia de Peña Gómez en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), mientras que la tendencia de Jacobo Majluta de ese mis- mo partido llamó al diálogo y a esperar las propuestas gubernamentales. La Iglesia en principio no se mostró favorable a las demandas de los sectores implicados en la huelga, pues consideró que ningún gobierno po- día hacerse cargo de compensar tantos problemas históricos acumulados. La prensa nacional, instancia desde la cual se había adversado a Balaguer en el pasado, curiosamente coincidió con este en reconocer la justicia de las demandas, pero se opuso a la huelga recurriendo al argumento convencio- nal y usualmente enarbolado en estas circunstancias: la huelga es un último recurso, y como tal es un medio ineficaz y a la vez peligroso de presión a las autoridades. A la vez, elogió a Balaguer como una figura democrática de primer grado. Ante ese abanico de posiciones, el movimiento huelgario llegó entonces a la conclusión de que se debía concertar, y fue así como el 23 de julio el presidente recibió a los representantes de los empresarios y de las nueve cen- trales sindicales convocantes de la huelga. El Gobierno ofreció las siguientes medidas: 1) Aumento inmediato de 25 pesos (equivalente a 6 dólares), 2) aumento adicional de 50 pesos (equivalente a 12 dólares) a partir de enero de 1988. Los sindicatos se mantuvieron firmes en su posición de exigir un au- mento de 150 pesos para el salario mínimo, y un reajuste salarial de 30 % a 40 % para los salarios inferiores a 1,500 pesos. Por supuesto no se llegó a ningún acuerdo, y el 28 de julio se produjo una paralización casi total de las actividades. Evidentemente, la huelga contó con la simpatía de la mayoría de la población de clase media y popular. En los territorios donde habitaba la última, se produjeron enfrentamientos entre la fuerza militar y policial y la población, la cual recurrió a los usuales «repertorios de confrontación» que se