Historia General del Pueblo Dominicano Tomo VI

Historia general del pueblo dominicano 467 actores sociales con derecho a participar en los procesos de concertación pro- puestos por aquellas, como fue el Diálogo Tripartito (convocado a raíz del paro cívico organizado por la Conferencia de Organizaciones Populares el 9 de marzo de 1988), en el cual estarían representados el empresariado, los sindicatos y el Gobierno. 17 Fue en este contexto que la administración del Dr. Joaquín Balaguer en- frentó la primera huelga general. La mayor parte de las centrales sindicales, reunidas en la Coordinación Sindical Nacional (CSN), convocaron el 17 de ju- lio de 1987, para organizar un paro cívico de 24 horas el 28 de julio siguiente, en protesta por lo que se consideró una promesa incumplida por el presiden- te, la de la «lucha contra el hambre», otra de las tantas promesas de campaña. Se trató de la primera demostración de inconformidad colectiva después que, por más de un año, el país se había mantenido atento a las incidencias sobre las denuncias y juicios por corrupción instrumentados contra el expresidente Dr. Salvador Jorge Blanco. Alrededor de 300 organizaciones firmaron la con- vocatoria a huelga, la cual se basaba en las siguientes demandas: 1) aumento del salario mínimo de 250 pesos a 400 pesos (o sea, de aproxi- madamente 60 dólares a 100 dólares a la tasa de cambio de entonces); 2) reajuste de los salarios de quienes ganaban menos de 1,500 pesos; 3) control de los precios de los artículos de primera necesidad. Astutamente, el presidente Balaguer reconoció la huelga como una acción justa, pero a la vez arguyó que lamentablemente las circunstancias difíciles de la economía y del Gobierno impedían satisfacer las demandas de la pobla- ción. Balaguer, mostrando interés en una actitud de diálogo, apeló a la Iglesia Católica, así como al propio Juan Bosch, líder del PLD y de su organización sindical, la Central de Trabajadores Mayoritaria, dirigida por la líder Nélsida Marmolejos, quien precisamente era parte de la dirección del movimiento sindical que había convocado la huelga. De hecho, Marmolejos denunció que estaba siendo objeto de persecución por parte de los organismos de seguridad del Gobierno, lo que evidenció ser parte de una doble estrategia destinada a desactivar la huelga: mientras por un lado el Gobierno aparecía con una faz dialogante, por el otro aplicaba mé- todos tradicionales de vigilancia y represión selectiva. Tanto el empresariado como la Iglesia Católica mostraron preocupación por las posibles consecuencias de la huelga para el equilibrio económico y social. Aunque en general ninguno de los sectores estaba de acuerdo con incrementar los salarios, el sector industrial de zonas francas aumentó por