Historia General del Pueblo Dominicano Tomo VI

398 La economía dominicana en transición 1980-1996 De este diagnóstico se desprendían inmediatamente las medidas fun- damentales de política económica a ser adaptadas: ante todo, ajustar al PIB a un nivel compatible con el equilibrio de la cuenta corriente de balanza de pagos o a un nivel que generase superávit externo, lo cual se reforzaría con la unificación cambiaria (devaluación) (Gráfico 5). En el mejor de los casos, la devaluación estimularía las exportaciones y reduciría las importaciones (al hacerlas más caras en pesos); y en el peor de los casos provocaría una pérdida de los ingresos reales por el efecto devaluación-inflación, que dis- minuiría la demanda agregada y reduciría las importaciones. El resto de las medidas eran circunstanciales por la profundidad de la crisis de la balanza de pagos. En esencia el mensaje era claro: en el corto plazo siempre hay un nivel de PIB que genera equilibrio externo, y para ello se precisaba de un ajuste fiscal y de la devaluación del peso. Los problemas de la pobreza, las deficiencias en la educación y en la sa- lud, las fallas administrativas, el desempleo, la rigidez del aparato producti- vo, la distribución del ingreso, la concentración de la propiedad, la deficiencia de los servicios públicos, el rápido proceso de urbanización y la caída de la productividad, etc., pasaron a un segundo plano. No hubo, pues, una política de mediano y largo plazo de desarrollo, aunque los ajustes que se iniciaron tuvieron grandes implicaciones de largo plazo. Durante este período se establecieron tres acuerdos con el FMI: un Acuerdo de Facilidad Ampliada, firmado el 12 de enero de 1983 27 y suspendi- do a mediados de 1984; el Acuerdo Puente o Sombra que prevaleció durante 1984 hasta la firma de un nuevo acuerdo Stand-By en abril de 1985 hasta abril de 1986. En materia fiscal estos acuerdos supusieron: la creación del impuesto a las transferencias de bienes industrializados (ITBI) con una tasa de 6 %; 28 un impuesto del 10% ad valórem sobre las importaciones; un impuesto a las pla- cas de los vehículos; la revisión de las exenciones de incentivos; el control del gasto corriente; la disminución de los salarios de los empleados públicos; el ajuste de la tarifa de la Corporación Dominicana de Electricidad a los precios del petróleo y su compromiso de reducir costos y eliminar los déficits del Instituto Nacional de Estabilización de Precios. En el área monetaria, el Gobierno se comprometió a aumentar en uno o dos puntos porcentuales la tasa de interés, crear un certificado financiero de alto grado de rentabilidad vinculado a tasas financieras comparables en los mercados internacionales, y aumentar el interés pagado por el Banco Central a los bancos comerciales sobre depósitos sujetos a encaje. Finalmente, sobre el tipo de cambio se continuarían moviendo pagos del mercado oficial al